Los nuevos hallazgos fiscales en Comfamiliar

La Contraloría General de la República abrió el primer proceso de responsabilidad fiscal contra la Caja de Compensación Familiar del Huila por una presunta desviación de recursos públicos provenientes de los aportes parafiscales.

Según el ente investigador, existen graves indicios sobre el daño al patrimonio público y múltiples dudas acerca de la gestión de los directivos de la entidad. La gerencia colegiada dispuso en consecuencia la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal y el inicio de la indagación preliminar por un término máximo de seis meses. La decisión vincula a los exdirectores administrativos Armando Ariza Quintero y Harold Salamanca, y a los nueve miembros del consejo directivo de la entidad quienes habrían autorizado el cambio de destinación o permitieron que ingresaran a las cuentas privadas de la entidad. Todos fueron notificados. Sin embargo, ninguno de los citados ha concurrido a rendir las explicaciones del caso. Es la primera investigación fiscal que abre la Contraloría desde los escandalosos hechos que terminaron con la detención de su director administrativo Armando Ariza Quintero el primero de junio de 2015. El tema de salud, objeto de una investigación penal, no fue examinado en esta auditoría. Tampoco el crítico estado financiero de la EPS, cuyas pérdidas en el año 2015 ascendieron a $73.612 millones. En cambio esta vez examinó el manejo de los subsidios encontrando numerosas inconsistencias. Aunque la Caja cumplió moderadamente con los indicadores proyectados y otorgó los subsidios, la Contraloría detectó una presunta desviación de recursos parafiscales, lo que originó la apertura de la investigación preliminar contra directivos y los miembros del consejo directivo. La entrega de subsidios se hizo a través de los diferentes fondos. Sin embargo, se presentaron irregularidades en el giro de estas contribuciones con destinación específica a cuentas de recursos propios de la entidad, cambiándole la naturaleza. Además, se entregaron subsidios irregularmente, a personas que no tenían vinculación laboral o en otros a personas fallecidas. El 4% de los aportes que realizan los empleadores se destinan para el pago de subsidio familiar a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo. Estos recursos, administrados por las cajas de compensación, se pagan en dinero, especie o en servicios y tienen destinación específica. En estas condiciones, los aportes constituyen el patrimonio social de los trabajadores. Al cambiarle la naturaleza, se puede tipificar un indebido aprovechamiento económico en beneficio de la entidad, encargada solamente de administrarlos. Pero este no es el único hallazgo. GRAVES HALLAZGOS Las anomalías fueron detectadas durante una auditoría correspondiente a la vigencia del 2015. En desarrollo de la investigación se encontraron 34 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen alcance fiscal en cuantía de $880,91 millones; 8 tienen posible alcance disciplinario, y 15 con otras incidencias, los cuales serán trasladados ante las autoridades competentes. Adicionalmente, se estructuró una solicitud de proceso administrativo sancionatorio y se constituyeron tres beneficios de auditoría por $753,55 millones. En la última evaluación la entidad no pasó el examen fiscal. La evaluación arrojó una calificación consolidada de 78,95 puntos sobre 100, equivalente a un concepto desfavorable. PRIMERA DESVIACIÓN Comfamiliar del Huila realizó varios eventos recreativos, culturales y educativos en los cuales invirtió recursos parafiscales del 4%. El ingreso no fue gratuito. La entidad cobró la entrada a afiliados y particulares. Por estas actividades, incluyendo rumba, talleres y conferencias, fueron recaudados por concepto de boletas $382,19 millones. Esos recursos ingresaron a las cuentas bancarias de Comfamiliar, donde se manejan recursos propios, es decir, a pesar de que estos eventos fueron financiados con recursos públicos, los ingresos recaudados no regresaron a su fuente origen. En este caso en particular, se destinaron los recursos para realizar actividades legalmente permitidas, pero al realizar estas actividades la entidad recaudó unos ingresos por concepto de boletería e inscripciones. En opinión de la Contraloría, este ingreso obtenido, es producto de la inversión del 4%, y no como resultado de un negocio propio de la entidad. “Es decir, la entidad realiza un aprovechamiento de estas actividades que son financiadas con recursos públicos, pero no reingresa los rubros a las cuentas parafiscales sino las de recursos propios”. En otras palabras: Comfamiliar del Huila aprovechó bienes y servicios adquiridos con recursos parafiscales para obtener ingresos que no son retornados a la cuenta origen de los recursos parafiscales y su naturaleza pública. Por este hecho la gerencia colegiada de la Contraloría abrió investigación preliminar para determinar con certeza la ocurrencia del daño fiscal y aclarar el destino final de esos recursos. Además, se requiere identificar la gestión fiscal adelantada por el consejo directivo y los dos últimos directores administrativos, señalados en principio como presuntos responsables fiscales. El presidente del consejo directivo, José Luis Castellanos, indicó que en este caso, el tema será aclarado por la propia Superintendencia de Subsidio Familiar. Sin embargo, señaló que frente a los demás hallazgos, el organismo en su momento ya se había pronunciado. SEGUNDA DESVIACIÓN La Caja de Compensación Familiar del Huila firmó un convenio con la empresa constructora Proyecont SAS para desarrollar los proyectos "Los Robles" y "Los Cedros".El contrato de cuentas en participación fue firmado en mayo de 2011 para construir dos torres de apartamentos. Comfamiliar aportó el lote. Inicialmente el precio pactado por este lote ascendía a $2.000 millones, estableciéndose que en la medida en que fuera construyendo y vendiendo las unidades de vivienda, Comfamiliar recibiría un porcentaje del proyecto, así: A título de utilidad 2.59% del valor de venta y 5.17% que se aplicaría al precio del lote. A diciembre 31 de 2014, este convenio reportó ingresos por $55 millones. El 29 de enero de 2015 la entidad efectuó un cruce de cuentas por $264,51 millones, se pagaron 24 subsidios de vivienda por $264,51 millones donde se afectando la cuenta de subsidios pagados, pero no se giran los recursos a la empresa constructora. En cumplimiento del cruce de cuentas pactado entre las entidades posteriormente se giran los dineros a una cuenta de recursos propios de Comfamiliar del Huila. Por tanto, los recursos pagados el 29 de enero de 2015 por la empresa constructora mediante cruce de cuentas por $264,51 millones, son producto de un negocio con un bien adquirido con recursos de la parafiscalidad y por tanto deben retornar a la cuenta origen. En estas condiciones, Comfamiliar aprovechó bienes y servicios adquiridos con recursos parafiscales para obtener ingresos que no son retornados a la cuenta origen de los recursos parafiscales y su naturaleza pública, por lo tanto, según la Contraloría, se configura un presunto detrimento patrimonial que asciende a $264,51 millones. Esta situación se presenta por deficiencias en la gestión y planeación de Comfamiliar del Huila, para realizar el debido aprovechamiento de los recursos parafiscales en las actividades desarrolladas generando que la naturaleza de los recursos públicos se convierta en privada. Por este hecho, la Contraloría anunció la apertura de otro juicio de responsabilidad fiscal. OTRAS ANOMALÍAS En los indicadores de eficiencia del fondo Fovis la entidad reportó un índice de cumplimiento del 100%, medido en función de recursos proyectados y ejecutados. Sin embargo, los cálculos efectuados por la auditoría son inferiores, obteniendo el 48.1%, teniendo como base los subsidios efectivamente pagados en la vigencia y de vigencias anteriores. Conclusión: el monto de subsidios no pagados en la vigencia 2015 ascendió a $24.808,30 millones. En el mismo año, la asignación realizada para cuota monetaria ascendió a $29.527,09 millones, de los cual se cancelaron $24.247,72 millones en cuotas monetarias. Se presentaron deficiencias relacionadas con prestación de servicios y subsidios a beneficiarios fallecidos, pago de cuotas monetarias giradas y no cobradas. La anterior situación, además de evidenciar la realización de erogaciones que no están reconocidas ni causadas en el Fondo Fovis, conlleva a una disminución de dichos recursos. También evidencia que no existe la suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos que provienen de los aportes parafiscales del 4%, ocasionando con ello un detrimento en cuantía de $130,34 millones. Este hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $130,3 millones, con presunta incidencia disciplinaria, y se dará traslado a la Superintendencia de Subsidio Familiar para lo de su competencia. SUBSIDIOS DE VIVIENDA Durante la vigencia 2015, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis) se asignaron 915 subsidios por $11.860,55 millones, y se pagaron $1.726,07 millones, quedando pendiente por desembolsar $24.808,30 millones, situación que evidencia una gestión deficiente en la ejecución de los recursos para proyectos de vivienda. A 31 de diciembre de 2015 se entregaron 1, 33 millones de cuotas monetarias por $25.019,83 millones, de las cuales figuran subsidios entregados y no cobrados por $273,96 millones, subsidios girados y no cobrados por $293,53 millones, y subsidios prescritos por $270,36 millones, recursos que al no ser entregados a los beneficiarios una vez cumplan el tiempo requerido pasaron a otros programas de la entidad. La falta de control impidió que muchos beneficiarios pudieran acceder a estos beneficios. CUOTA MONETARIA La asignación realizada para cuota monetaria en la vigencia 2015, alcanzó la suma de $29.527,09 millones del cual se cancelaron $24.247,72 millones en cuotas. Al cierre de la vigencia 2015 se reportan subsidios prescritos por $270,36 millones, porque los beneficiarios no los cobraron y la Caja de Compensación Familiar del Huila no adelantó gestiones efectivas para que los beneficiarios no perdieran el derecho. El subsidio en especie está compuesto por los programas de paquete escolar y computadores para educar, para los cuales se asignaron $985,67 millones, de los que se entregaron a beneficiarios 21.000 kit escolares por $648,77 millones, y 1.165 computadores por $336,90 millones. Como resultado de la revisión efectuada se establecieron inconsistencias en cuota monetaria, relacionadas con prestación de servicios y subsidios a beneficiarios fallecidos, pago de cuotas monetarias giradas y no cobradas, situaciones que dieron lugar a la estructuración de hallazgos. MUERTOS SUBSIDIADOS Increíble. Aunque parezca mentira, hasta los muertos recibieron subsidio familiar, disfrutaron de los servicios de recreación y recibieron capacitación en el más allá. Según la investigación durante la vigencia 2015 Comfamiliar prestó servicios de recreación y capacitación, y entregó subsidios de cuota monetaria y kit escolar por $14,63 millones, a 467 beneficiarios que figuran como fallecidos según la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los servicios se prestaron con posterioridad a la fecha de defunción. De estos, 495 personas recibieron la cuota monetaria (7,5 millones) y 162 subsidios de recreación estando fallecidos. Otros cuatro fueron ‘capacitados’ y seis más recibieron el paquete escolar. En el mismo periodo, Comfamiliar pagó subsidios del Fosfec a 15 usuarios beneficiados por $22,07 millones, que no cumplieron plenamente con los cursos de formación y capacitación que dictó el Centro de Formación Empresarial.Hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $22,07 millones, presunta incidencia disciplinaria y fue traslado a la Superintendencia de Subsidio para que adelante las investigaciones pertinentes. AFILIACIONES ESPURIAS En el 2015 Comfamiliar obtuvo 14.936 afiliaciones de empleados y beneficiarios. Entre los 30 empleadores más representativos afiliaron a 4.062 empleados y beneficiarios. Sin embargo, al cruzar la información reportada al Registro Único Empresarial y Social (Rues), operado por la Cámara de Comercio, presenta diferencia de 3.016 empleados y beneficiarios no reportados. Otra irregularidad con alcances fiscales y penales. Una empresa reportó a Comfamiliar 250 empleados pero ninguno fue registrado en el Rues. Además, 35 aparecieron recibiendo subsidios cuando fueron enganchados y retirados en menos de 15 días. Los subsidios de pagaron sin estar afiliados. Lafalta de control y seguimiento a los afiliados de la Caja de Compensación Familiar del Huila, ocasionó que se asignaran subsidios por $405.9 millones, (recursos que no han sido girados) a personas que no estaban laboralmente vinculadas. Esta anomalía en cumplimiento del principio de colaboración armónica, se trasladó a la Cámara de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y a la Superintendencia de Subsidio Familiar. MENORES VALORES Igualmente se detectó que 13 personas, entre naturales y jurídicas con valor contratado de $24.635,78 millones, presuntamente fueron reportadas a la Dian con menores valores en 2014 y 2015. Al confrontar el valor contratado frente a lo reportado en el formulario 1001 (información de pagos o causaciones a terceros y retenciones) se establece una diferencia no reportada en $14.992,10 millones. Este deficiente control de los reportes de información exógena, impide la determinación de los tributos a cargo de contratistas, disminuye los recaudos tributarios y limita al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. La irregularidad también fue reportada a la Dian para que adelante la respectiva investigación. MEDIDAS CAUTELARES La falta de control para el pago de su cartera con el sistema de salud y de otras obligaciones, originó el embargo de recursos parafiscales destinados a soportar las inversiones. La medida cautelar puso en riesgo la prestación de los servicios y pudo precipitar una intervención de la entidad. Durante la vigencia 2015 fueron embargados recursos por $1.287,87 millones de una cuenta corriente del Banco de Occidente, correspondiente al Fondo Fovis, por orden del Juzgado Primero Laboral de Neiva, en virtud del ejecutivo laboral de primera instancia de Clínica Uros S.A. contra Comfamiliar del Huila. Asimismo, a 31 de diciembre de 2015, existía un embargo a un CDT que venía desde el 2011 por $552,37 millones, sin que este hecho económico estuviera reflejado en los estados financieros. Igual situación se presentó en las cuentas recaudadoras de aportes parafiscales de Bancolombia, que fueron objeto de embargos durante la vigencia 2015, y cuyas sumas fueron reintegradas por la entidad a la cuenta recaudadora el 09/09/2016. Entre otros fueron embargados nueve CDTs por 170,5 millones de pesos. En cuanto al saldo del programa obras, programas y proyectos, se congeló la suma de $10.156,68 millones, por orden del Juzgado Primero Laboral de Neiva en virtud del ejecutivo laboral de primera instancia de Clínica Uros contra Comfamiliar del Huila. Estos embargos fueron realizados a pesar de que son recursos que por su naturaleza son inembargables. El actual director de la entidad, Luis Miguel Losada, conformó un equipo técnico para responder en derecho las observaciones del ente investigador.